ARGUMENTOS

En Colombia de acuerdo con lo establecido en la Ley 1185 de marzo 12 de 2008, Artículo 3º: “El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, podrá autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes del patrimonio arqueológico (...)"  El artículo 72 de la constitución política sostiene que "El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”

Las piezas arqueológicas son parte del patrimonio cultural de una nación. En Colombia este tema ha sido controversial por años. Por un lado, el ministerio de Cultura sostiene que estas piezas deben estar en museos para su preservación, transmisión a las futuras generaciones, promoción de las investigaciones arqueológicas, creación de museos y espacios adecuados para la exhibición de los bienes arqueológicos. Por otra parte, comunidades indígenas, como la de San Agustín, manifiestan que sacar estas piezas de su territorio rompe la magia que las rodea y las lleva a un deterioro y pérdida definitiva.

El gobierno y los mismos museos no han puesto atención total a las leyes que amparan la protección y preservación de elementos arqueológicos, dejando a flote el tráfico y el comercio de las mismas a los grandes coleccionistas, sin que aun haya una política del Estado que acabe con este problema.

Muchas personas no saben que, junto con el tráfico de  drogas y armas, el mercado negro de bienes culturales constituye uno de los negocios ilegales más persistentes en el mundo moviendo entre 10000 y 15000 millones de dólares por año. Colombia es un país que por años ha estado expuesto al saqueo  de sus piezas arqueológicas a pesar de que en la constitución  se considere una actividad ilícita. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tiene como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo. Sin embargo, como lo afirma  el director del ICANH, no se cuenta con los recursos suficientes para proteger de forma adecuada el patrimonio arqueológico colombiano. Es decir que somos un país vulnerable debido a nuestras riquezas y además no tenemos las medidas para garantizar la seguridad de sitios arqueológicos por, entre otras cosas, los conflictos internos del país. No contamos entonces con una caja fuerte que salvaguarde los tesoros de la gran casa colombiana.

Por cosas como estas, en el 2003 se subastaron, en Christie’s París, numerosas piezas del patrimonio arqueológico colombiano denunciadas como saqueadas por las autoridades colombianas. O en el 2006 apareció una estatua de San Agustín de 76 centímetros en un catálogo de una prestigiosa firma de subastas en Europa, que, afortunadamente, pudo ser repatriada. La pregunta es ¿Cómo una estatua de gran tamaño y visible pudo ser sacada del país sin que nadie se diera cuenta y luego decir que fue sacada misteriosamente del  país? ¿Será que nos faltan más ojos (seguridad) o los ojos no quieren ver?  No sobra decir que el Estado colombiano no tiene un fondo oficialmente constituido para pagar gestiones y abogar por el retorno de las piezas.

La extracción de piezas arqueológicas es un hecho que se debe impedir a toda costa, el refrán popular dice “lo que se hereda no se hurta”. Las piezas patrimoniales que nos han dejado nuestros antepasados están siendo robadas, exportadas y feriadas, tal como sucedió con el robo de 75 piezas heredadas por el maestro Efraín Martínez en Popayán en enero del presente año, estas han ido apareciendo en diferentes lugares del mundo al ser comercializadas por dichos bandidos y es que la problemática no está solo en el robo sino en la pérdida del sentido de la pieza en sí misma. Fabio Males artista plástico indígena, que reside actualmente en Bogotá, explica que cada creación tiene un valor cultural y muy propio del ambiente en el que se encuentra, en el momento en que la pieza es extraída pierde dicho valor y pierde en sentido como arte, tal y como pasó con el intento de extracción de piezas del parque de San Agustín el año pasado, que se hizo con la excusa de que tenía el aval del Estado, pero en realidad este argumento fue tan débil ante la enfurecida comunidad indígena que se decidió que no se tocarían, lo que nos lleva a pensar que la extracción de piezas arqueológicas no es algo que esté bajo el estricto control del gobierno y se puede llegar a impedir el libertinaje que se está teniendo con dichas obras.